El nuevo Concejo Deliberante aprobó por mayoría la tarifaria con el aumento para el primer semestre

El rodriguezaísmo aprobó la ordenanza tarifaria anual que trae un aumento del 23% para el primer semestre entrante y determina una actualización para la segunda parte del año en función de la inflación, tomando en cuenta el IPC San Luis. La Unidad Monetaria Municipal (UMM) pasará de $5,83 a $7,19 a partir del 1º de enero hasta el 30 de junio.

La norma contempla cambios en la categorización de pequeños, medianos y grandes contribuyentes; el estacionamiento medido; las multas en los terrenos baldíos y el valor de locación de los espacios gastronómicos del Paseo del Padre, entre otros puntos, que están definidos en los artículos 9, 11, 21, 22, 41, 44 y 58, según expuso el oficialista, Lautaro Ojeda.

Desde el bloque Unidos por San Luis, Guillerrmo Araujo protestó porque el rodriguezaísmo mantiene las prácticas autoritarias. Cuestionó que se mantuvo paralizada la comisión de trabajo y los funcionarios de Sergio Tamayo no dieron explicaciones sobre el presupuesto.

“Al no ser claros y transparentes en los fondos, no podemos acompañar”, sostuvo el legislador poggista.

“La cantidad de unidades monetarias del mínimo que tienen que pagar los grandes contribuyentes tiene un aumento a 838 unidades monetaria, es decir se aumentó el mínimo. De grandes contribuyentes tienen solo el nombre porque están definidos como los que tienen una facturación anual superior a los $13 millones. La facturación de una pendería es de $1 millón por mes por ende lo supera, entonces queda claro que no estamos hablando de grandes empresas”, advirtió.

En el estreno de la nueva configuración legislativa, el rodriguezaísmo exhibió la ratificación del acuerdo con el sector del diputado nacional Alejandro Cacace. El radical Javier Suárez Ortiz votó alineado y Otoniel Pérez Miranda (PRO) también.

En la misma sesión extraordinaria, fue sancionado también por mayoría el presupuesto de $5 mil millones.

El intendente Tamayo podrá reasignar de manera discrecional hasta el 30% de las partidas sin pasar por el Concejo Deliberante. Sus propios concejales se atribuyeron el mérito.

Desde el poggismo, Araujo insistió para que el intendente no envíe más un presupuesto general de gastos y cálculo de recursos con la cláusula de los superpoderes porque son inconstitucionales.

El plan de gestión para 2020 destina alrededor del 83% de los recursos a gastos corrientes, es decir el funcionamiento del aparato estatal, y el 17% a inversiones.

Informe Pamela Camargo